Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
Como doctor en Derecho Constitucional, Ricardo Monreal sabe que la ruta de una consulta popular para enjuiciar a ex presidentes de la República, iniciada esta semana por Andrés Manuel López Obrador, no tiene futuro.
A menos que lo único que se quiera sea el demagógico y populista impacto electoral y mediático.
El zacatecano sabe que, si eso es lo único que se busca, prevalecería la impunidad de los causantes del desastre mexicano y se profundizaría la desconfianza y la desesperanza de los ciudadanos en su clase política.
Sería sin duda un engaño de Morena desde el poder, y poner un clavo más en el hundimiento y fracaso de la 4T.
La consulta ahondaría las tensiones políticas y sociales en el país, debería ser sancionada y aprobada por la Suprema Corte y tendría que realizarse en agosto de 2021, no el día de la elección federal de renovación de la Cámara de Diputados y de las locales de cambio de 15 gubernaturas, alcaldías y congresos locales, como pretende López Obrador que ocurra.
Para aprovechar realmente el momento histórico de la revisión del sistema y de la transformación del régimen, con castigo cierto a los causantes de la corrupción del sistema político, social y económico de México, Monreal sabe que se requiere de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional.
Eso sí se puede hacer desde el Senado.
Investigar y castigar la corrupción que ha sufrido México a lo largo de al menos sus últimos 30 años, afirma el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, “no es, sin embargo, tarea fácil”.
De ahí que como se optó en su momento luego de las dictaduras en Argentina y Chile, y de gobiernos verticales y corruptos en El Salvador y Perú, una Comisión de la Verdad logró cumplir en esos países con las exigencias ciudadanas de profundizar investigaciones y castigos a culpables.
El coordinador de la mayoría de Morena en la cámara alta sabe que, como lo han dejado en claro las experiencias en otros países, una Comisión de Verdad y la Reconciliación Nacional abriría en estos momentos en México la puerta a una investigación y castigo de los reclamos que los mexicanos le hacen a sus gobiernos anteriores.
Una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con legitimidad deberá surgir de la participación plural de senadores, diputados y representantes de la sociedad civil (reconocidos, intelectuales, periodistas, empresarios y académicos), sin descartar la asistencia y la observación de organismos internacionales…
Y es que el reclamo generalizado de justicia contra la corrupción y la impunidad, tiene fundamentos morales, éticos, políticos, económicos y jurídicos. Y objetivo esencial sería el de construir un verdadero Estado de Derecho y de respeto a la dignidad de los ciudadanos y de los Derechos Humanos.
Como es vinculatoria, una Comisión de la Verdad debe surgir esencialmente del Poder Legislativo y ser parte de un proceso de transición de regímenes autoritarios a democráticos.
Y hoy en México, estamos justamente en ese proceso.
En este contexto, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional sería un instrumento ineludible de justicia transicional. De ella no sólo deben resultar sanciones históricas para quienes resulten responsables, sino la operación de instituciones judiciales y legislativas verdadera y probadamente autónomas.
Con atribuciones no sólo de investigación de ilícitos, sino con instrumentos de transparencia y mecanismos sancionadores.
En este contexto, una Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional como la que propone Monreal en lugar de la consulta popular de AMLO, sería un instrumento de reforzamiento de la democracia participativa.
Sin duda, esta comisión contribuirá a un vigoroso proceso de crecimiento y recuperación económica, sustentado en una paz social y amplia gobernabilidad surgidas de la aplicación de una justicia efectiva a los responsables de las corruptelas, los abusos del poder y la violación de los derechos humanos de las últimas décadas en México.
Una vez planteada, no crear esta Comisión de la Verdad, significaría prolongar la impunidad en beneficio de ex gobernantes corruptos, abusivos y violadores de los derechos humanos. Y permitiría que los actuales repitieran los males de México.
Sería no entender que lo que reclama hoy el país es: “Nunca más otro gobierno así” … “Nunca más un régimen de corruptos y sinvergüenzas”…
Mónica Fernández, informe final
Sin duda, este miércoles será un día movido en el Senado. A las 11 horas la presidenta saliente del Senado, la tabasqueña Mónica Fernández, rendirá su informe final de un año intensísimo de hechos legislativos.
Su tarea arrancó hace un año dentro de un tenso proceso de elección interna plagado de marrullerías y descalificaciones impulsadas por su compañero de bancada Martí Batres, quien acudió a lo más deleznable para reelegirse.
Superado el momento, con el apoyo de “morenos” y todas las otras bancadas, a doña Mónica le correspondió enfrentar uno de períodos más interesantes y trascendentes del Poder Legislativo de los últimos años.
En este año por cumplirse este fin de semana, le correspondió tramitar reformas esenciales y nombramientos polémicos, así acciones del Bloque Opositor.
En esos trances enfrentó dos tomas del presídium por parte de legisladoras panistas y otros muy emotivos, como aquel discurso, pronunciado a la medianoche, cuando fueron aprobadas leyes para le prevención del suicidio, donde su intervención arrancó no pocas lágrimas de los curtidos legisladores de todas las bancadas.
A la senadora Fernández, de Morena, también le tocó transitar de las sesiones presenciales a las virtuales.
Sin duda aprendió rápido el manejo de equipos digitales, para ahora dirigir con soltura y experiencia alabada por todos, las sesiones y encuentros a distancia.
Impuesto el nuevo sistema legislativo, como consecuencia de la pandemia, la senadora Fernández cierra su presidencia con un informe rico en datos, registro de acciones y propuestas de ley, que también la han llevado a la creación de una nueva Comisión Técnica, que junto con la aportación de los académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM, permitirá la mayor capacitación y profesionalización de los legisladores y los trabajadores al servicio de la cámara alta, sin contar con nuevos procesos de transparencia y la consolidación del Parlamento Abierto.
Hoy se realizará así, bajo su presidencia, la sesión final de la Comisión Permanente del Congreso, con el desahogo de diversos dictámenes.
Con ello, dará pasó al proceso de renovación de la Mesa Directiva que deberá iniciar las tareas del tercer año de la 64 Legislatura a partir del martes 1 de septiembre.
Cuerpo vivo, el Senado que deja la presidencia de Mónica Fernández enfrentará varios pendientes, como el de legislar lo del fuero presidencial, la regulación pendiente del uso de la mariguana, la reforma de las Afores y pensiones, el Código Nacional de Procedimientos Penales y dar fin a la llamada puerta giratoria, así como la controvertida reforma del outsourcing.
Fernández, dicen sus pares de todas las fracciones, concluye su presidencia dentro de un contexto positivo para recibir a quien la sustituya en la directiva.
Todo apunta que será al chiapaneco de Morena, Eduardo Ramírez, quien ya ha recibido el apoyo de los senadores de la llamada “ala moderada” de Morena, y de la mayoritaria del resto de los grupos parlamentarios, sobresalientemente del PAN que encabeza el queretano Mauricio Kuri y del PRI, que comanda el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong.
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