Tribunal de Justicia local pide presupuesto de más de 7 mil mdp

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CIUDAD DE MÉXICO, 24 de octubre, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, solicitó un presupuesto de siete mil 850 millones de pesos para el próximo año.

Ante diputados locales de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa, el magistrado manifestó que dadas las reformas constitucionales que se hicieron a nivel federal, se deben tener los recursos necesarios para “no tener una justicia coja”.

Agregó que el presupuesto se necesita no sólo para crear nuevos organismos de justicia, sino para capacitar al personal, desde jueces hasta los administrativos.

Sostuvo que del total del presupuesto, siete mil 694.1 millones de pesos serán para salarios, es decir, 95 por ciento, porque la nueva reforma penal exige más secretarios y sobre todo jueces, quienes requerirán más infraestructura y de juzgados.

En este sentido, Elías Azar advirtió que ningún órgano puede trabajar sin el presupuesto suficiente, porque podría generarse un problema muy serio de falta de manejo institucional.

Declaró que el Tribunal por ningún motivo puede dejar de operar, pero sin los recursos necesarios, “se tendrá una justicia oral de lo familiar incompleta; el tema de la ejecución de sanciones penales también será incompleto”.

El magistrado manifestó que tiene confianza en la reforma en materia de justicia, pero las modificaciones representan un costo que no fue previsto, y aunque hubo recursos federales, en su opinión, a ninguna entidad se les dio lo suficiente.

Recordó que otro rubro será el de la justicia para adolescentes, lo que implica que cada juez tenga hasta 10 especialistas dándole apoyo en diversas materias.

Sostuvo que en 2016 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) les autorizó cuatro mil 700 millones de pesos y van a gastar seis mil millones de pesos.

Añadió que también deben enfrentan el tema de narcomenudeo, donde se debe dar prioridad y atención a los adictos, con jueces especializados en este asunto, para que el adicto no sea tratado como delincuente.

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