Promoverán empresarios amparos contra CNTE
OAXACA, 08 de agosto, (POLITIQUERIAS / CÍRCULO DIGITAL).- Además de sumarse al paro de actividades comerciales de hoy lunes, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en la entidad prevé también interponer amparos ante la justicia federal por omisiones de las autoridades dado los embates de la CNTE, anunció su presidente local, Jaime Zorrilla.
En tanto, el cierre de comercios programado para las 24:00 horas será parcial, al asegurar la Federación de Mercados del Estado de Oaxaca que si bien respaldan la iniciativa, no están en condiciones de parar actividades. La Asociación de Empresarios Gasolineros de Oaxaca también informó que las terminales de servicio operarán de forma normal. Tampoco se suman adheridos a la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).
En un pronunciamiento de la Canaco-Servytur, el organismo calculó en siete mil 500 millones de pesos las pérdidas económicas causadas por los paros, bloqueos carreteros y tomas de oficinas por parte de CNTE, principalmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la capital del país.
Asimismo, Jaime Zorrilla estimó que en Oaxaca hay 136 mil 200 unidades económicas, principalmente en las regiones Istmo de Tehuantepec, Costa, Cuenca y Valles Centrales, que son donde la Sección 22 y sus simpatizantes han realizado la mayor cantidad de protestas, incluido el cierre de las vías de comunicación.
Expuso que el empresariado afiliado al organismo presentará una denuncia colectiva para exigir a la CNTE la reparación de todos los daños y perjuicios generados a las empresas o personas físicas con actividad empresarial que así lo manifiesten.
Además –como lo ha hecho la Coparmex–, acudirá a las autoridades competentes para presentar juicios de amparo contra dichas acciones “y por qué no, también por las omisiones de las autoridades municipales, estatales y federales que violan los derechos humanos”.
Demandó una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, partidos políticos y representantes del sector empresarial así como de la sociedad, para evaluar, validar y respaldar las medidas extraordinarias que deban ser tomadas por el Ejecutivo federal “para terminar lo antes posible con la crisis que se vive, ante la realidad de que el diálogo no ha servido para desactivar este problema”.
“Con lo anterior, se lograría eliminar el costo político como un factor que está inhibiendo la toma de decisiones del partido en el gobierno y también legitime, en su caso, las acciones difíciles que deban de tomarse para poner un alto definitivo a la impunidad y a la ausencia de Estado de Derecho que hoy vivimos”.
