La salida: nacionalizar Santa Lucía, Texcoco y Dos Bocas

Mensaje Político

Alejandro Lelo de Larrea

El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habrá aeropuerto de Santa Lucía y Refinería de Dos Bocas, en los tiempos planeados y con apego a la ley. Parece que tiene un as bajo la manga, para asegurar la realización de estas dos obras emblemáticas para su gobierno. Para su historia.

López Obrador apenas trazó una pincelada de su carta mágica. Fue a partir de una pregunta, en su mañanera, el pasado viernes, en Villahermosa, Tabasco:

—Señor, disculpe, ¿va a acatar el tiempo que la Corte determine? –le preguntaron, sobre los amparos que han proliferado para frenar Santa Lucía, evitar la demolición de lo construido en Texcoco, y los que ya se presentaron contra Dos Bocas.

—Sí, ya estamos viendo legalmente eso, y tenemos otro recurso, que es poner por delante el interés de la nación.

—¿Y qué significa eso, señor?, en términos de se avanza o no se avanza.

—En su momento lo voy a dar a conocer, en su momento vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional. Eso es lo único que puedo decir. Pero no puede un grupo de intereses creados detener el desarrollo del país.

El fundamento legal

Abogados consultados, refieren que López Obrador podría hacer uso del precepto Constitucional de nacionalización, con un carácter de interés general para el desarrollo del país: una decisión económica para garantizar la soberanía nacional, que tendría que sustentar como del más alto interés público.

Esto podría fundamentarse en los artículos 25, 26 y 27 Constitucionales. El primero, refiere la Rectoría del Estado en materia económica. Se complementa en el artículo siguiente, que establece áreas estratégicas y prioritarias en la planeación económica. El artículo 27 ha sido el más recurrido en las nacionalizaciones históricas.

López Obrador podría basarse en alguno de los esquemas legales de nacionalización ya utilizados. En este caso, no es necesaria la expropiación o adquisición de bien alguno, porque los terrenos de Santa Lucía, Texcoco y Dos Bocas, ya son propiedad de la federación.

Quizá podría emitir un decreto con una figura tipo nacionalización, y crear instancias del Estado para que administren los proyectos estratégicos.

El otro esquema podría ser declarar las obras de Santa Lucía y Dos Bocas, como estratégicas para la nación, fundado en algunos preceptos constitucionales que dan atribuciones al Jefe del Ejecutivo, por ejemplo, para fortalecer la soberanía de la nación.

Y en el caso de Texcoco, para poder dar paso al rescate del lago Nabor Carrillo, se puede argumentar el interés de la nación, por la relevancia ecológica de esa reserva hídrica. Esto llevaría consigo la demolición de lo ya construido.

También podría optar por la combinación de los esquemas jurídicos comentados, y otros más.

De no hacer algo así, podrían transcurrir más de 2 años entre juicios de amparo, y López Obrador nunca realizaría sus obras emblemáticas.

De Juárez a López Portillo

A lo largo de la historia destacan varios momentos significativos de nacionalizaciones.

La primera de que se tiene registro, es en el periodo de La Reforma: la Ley sobre Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, promulgada el 12 de julio de 1859. Su fundamento: la separación de los asuntos de la iglesia, respecto de los del Estado. Benito Juárez transfirió los bienes del clero al dominio de la nación.

En 1908, Porfirio Díaz nacionalizó el 58% de la red ferroviaria del país, con el sustento legal de la seguridad nacional, pues de lo contrario las principales vías habrían quedado en manos de empresas extranjeras. Ello se consideraba un peligro para la soberanía.

El presidente Lázaro Cárdenas del Río completó la nacionalización del sistema ferroviario en 1937, con los mismos argumentos.

Pero la nacionalización más conocida de Lázaro Cárdenas fue la petrolera, con la figura legal de la expropiación (quitarle los bienes de manera forzada a los particulares y transferirlos al Estado).

Aunque el anuncio de esa decisión lo hizo Cárdenas el 18 de marzo de 1938, fue el 1 de septiembre de ese mismo año, durante su Informe de Gobierno, cuando dijo que presentaría una iniciativa de reforma Constitucional para reservar al Estado la exploración y explotación petrolera, así como la refinación. Tal enmienda entró en vigor a finales de diciembre del mismo año.

Otra nacionalización, la de la industria eléctrica, se anunció el 1 de septiembre de 1960. Fue el presidente Adolfo López Mateos, pero el esquema jurídico no fue la expropiación, sino la adquisición, a particulares, de las acciones de sus empresas.

Ese día, informó que presentaría una iniciativa para adicionar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, con el fin de reservar de manera exclusiva a la nación la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, que tuviera por objeto la prestación de servicio público.

La más reciente nacionalización de impacto histórico también fue anunciada durante un informe presidencial. Fue en el sexto de José López Portillo. El 1 de septiembre de 1982, informó su decisión de nacionalizar el servicio de banca y crédito.

López Portillo nacionalizó todo el sector privado de la banca, con excepción del sector social y de la representación extranjera de la banca norteamericana.

En todos los casos en que se presentaron juicios de amparo, no se concedieron éstos, con lo que se sentó jurisprudencia. No proceden en caso de una nacionalización, porque se tiene que preservar el interés de la nación, por encima del de un particular.

De esta forma, si el presidente López Obrador emite un decreto de interés nacional de las obras mencionadas, los más de 150 amparos promovidos en el caso de los aeropuertos, quedarán sin materia, sin Litis. Los jueces tendrían que sobreseerlos. Y ya no habría freno para comenzar las obras en Santa Lucía.

Este anuncio bien podría hacerlo el presidente López Obrador en su Primer Informe de Gobierno, el próximo domingo. Y quizá, si fuera necesario, anunciar alguna reforma Constitucional complementaria.

Lo veremos.