Ex fiscal, ¿a la cárcel?
Roberto Vizcaíno
No hay nada más sabio que la voz popular. De ahí que la expresión, “los dejaron colgados de la brocha” sea aplicada, entre otros, a quienes hacen un papelazo peleando por alguien que de repente los deja solos.
Eso ocurrió a fines de la semana anterior a los coordinadores senatoriales del PAN, Fernando Herrera; del PRD, Luis Sánchez, y del PT-MORENA, Manuel Bartlett al desistirse el exfiscal electoral Santiago Nieto de su pelea por regresar al cargo.
Ni siquiera con una mayoría de votos en el Pleno senatorial que garantizaran su restitución, afirmó, habría condiciones para continuar con la tarea. Así que: bye, ahí se ven, dijo
Entregada la renuncia definitiva en la oficina de Ernesto Cordero, presidente del Senado, en minutos la reenvió a Ana Lilia Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política y ella a los coordinadores todos de las fracciones de la Cámara alta.
La caída de quijadas, y los ojos desorbitados por la sorpresa fueron el común en esas oficinas.
A partir de ese momento ya no importaba más si Alberto Elías Beltrán, el titular interino de la PGR se había extralimitado o no en sus funciones al defenestrar en el cargo a Santiago Nieto. Menos las otras muchas objeciones que se esgrimieron a lo largo de toda la semana anterior por los 3 coordinadores senatoriales antes mencionados.
Ahora hay que buscar quien lo sustituya, dijo Cordero, quien así puso punto final al debate ya sin sentido sobre la restitución o no de Nieto.
El sábado pasado, el diario Reforma, que fue el que publicó la entrevista el miércoles 18 de este mes que le costó el cargo de fiscal electoral a Santiago Nieto, relataba la verdad detrás de la rendición del exfiscal a mantener su pelea por su regreso.
Nieto -afirmó el diario que lo empinó-, se va agobiado por tener que lidiar con 6 denuncias en su contra. Y, para acabarla, todas se encuentran precisamente en la mesa de Alberto Elías Beltrán el subprocurador en funciones de titular de la PGR, y quien lo cesó y que, a saber, corresponden a:
1) La primera de todas fue presentada por Arturo Escobar, líder del PVEM, por violar el debido proceso.
2) Dos denuncias más, interpuestas nada más ni nada menos que por la Visitaduría de la mismaPGR, son por violar el sigilo de varias indagatorias, y por extralimitarse en sus funciones.
3) Y 3 más son las presentadas por Emilio Lozoya y su abogado Javier Coello Trejo, exprocurador General de la República, por violar la Ley de Amparo; por abuso de funciones y por violar el debido proceso.
Todo esto perfila el caso extraordinario de un poderoso y temido fiscal, que ha sido derrotado estrepitosamente por sus víctimas, y que ahora es perseguido judicial (y ¿políticamente?) por ellos en una trama que le puede costar varios años de cárcel. Y no es ni amenaza ni broma.
Lo que no dijo Reforma el sábado es que hoy mismo el Procurador en funciones está a punto de iniciarle el séptimo proceso penal a Santiago Nieto, por violaciones al código de ética que, cometidas por un funcionario de la PGR, deben ser castigadas entre 4 a 7 años de prisión.
El jaleo que armó el exfiscal electoral afectó incluso fuertemente la imagen del presidente Enrique Peña Nieto debido a que fue virtualmente señalado por el exfiscal y sus defensores como quien ordenó su cese a causa de su supuesta complicidad delictuosa con Emilio Losoya en el caso del presumible cohecho de 10 millones de dólares de Odebrecht.
En una entrevista Peña se vio precisado a aclarar que él nada tuvo que ver con el cese de este funcionario, y precisar que su caso era de competencia del Senado, donde la oposición tenía la mayoría suficiente para reponerlo en el cargo.
El asunto, que derivó en una importante parálisis legislativa y de permanente atención mediática no sólo nacional, derivó a su vez en una fuerte irritación en su contra en el primer círculo del poder de la PGR.
Y es ahí donde no podrán salvar al exfiscal electoral ni los 3 coordinadores senatoriales Herrera del PAN, Sánchez del PRD ni Bartlett de PT-MORENA.
Menos aún el activismo mediático -que no político- que presume el egocéntrico poblano Miguel Barbosa, jefe de Santiago Nieto durante varios años en el Senado y quien como coordinador de los senadores del PRD y presidente en turno de la cámara alta, supuestamente lo recomendó y empujó a ser el 19 de febrero de 2015 titular de la Fepade.
El secretario de Gobernación –y puntero entre las huestes priístas en la carrera por la candidatura presidencial del tricolor-, Miguel Ángel Osorio Chong, siempre reacio a meterse en contiendas que no son suyas, comentó a fines de la semana que ni el PRI ni el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto necesitaban de vacunarse con una persecución o presiones del exfiscal electoral Nieto quien, a juicio del hidalguense, “se entrampó sólo en sus violaciones… y el Gobierno no puede ser omiso ante ellas”.
El comentario presupone que las denuncias ante la PGR en contra de Nieto irán hasta dónde éstas topen.
Para el buen entendedor, de esta a Nieto no lo salva ni su ¿exjefe? Barbosa, pues.
Por lo pronto el globo se desinfló. Y el Senado deberá ahora atender en serio todos los pendientes.
GAMBOA, ¿EL ALIVIADO?
Cabe una última pregunta en este caso. ¿en verdad el retiro de Nieto de la contienda por su reinstalación alivia a Emilio Gamboa?, ¿en verdad le quita ‘un gran peso’ de encima?
No sé si estoy equivocado, pero a mí me dio la impresión de que Gamboa nunca estuvo contra las cuerdas en este caso. Tengo la percepción de que más bien él tenía contra las cuerdas a los coordinadores de PAN, PRD y PT-MORENA.
Y sin que se trate de revivir o profundizar en ningún reto, creo que el hecho de que los coordinadoresHerrera, Sánchez y Bartlett hayan insistido tanto en que la votación fuese abierta, era porque sabían que no tenían garantizados los votos suficientes de sus propias bancadas para restituir a Santiago Nieto al frente de la Fepade en una votación por papeletas, es decir, en secreto.
En este contexto creo entonces que los “aliviados” por la renuncia definitiva de Nieto a luchar por su restitución son los 3 coordinadores.
Y les permite continuar con su muy vendible rollo mediático de que fue Peña Nieto quien lo destituyó para salvar a su amigo Lozoya.
En fin. Nada de eso los salva del papelazo.
PROYECCIÓN
Los precarios pesos y contrapesos, equilibrios porcentuales y numéricos dentro del Senado hacen casi imposible pensar que se pueda elegir a un nuevo titular de la Fepade antes del proceso electoral de 2018.
El número de senadores que comandan Emilio Gamboa y Carlos Alberto Puente frente a los que conducen Fernando Herrera, Luis Sánchez y Manuel Bartlett hace que cada votación sea imposible de pronosticar.
Y de plano ninguno puede, sin acuerdo previo, sacar nada a nivel de reforma constitucional o por votación calificada de dos tercios.
Es así que, en las condiciones actuales de la contienda electoral y los enormes intereses en juego, vayan a sacar adelante ninguno de los nombramientos que requieren mayoría calificada.
Menos un sustituto del exfiscal Nieto.
ANAYA, EL DEL PT, EL QUE SIGUE
Y si creíamos que con el fin del caso Nieto estábamos ya fuera del escándalo político, pues resulta que no, que ahora la PGR bajo el mismo mando de Alberto Elías Beltrán va por Alberto Anaya.
Para lograrlo, el plato está servido: la PGR tiene ya documentado que el Gobierno de Jaime Rodríguez en Nuevo León le entregó a María Guadalupe Rodríguez, esposa de Anaya, 100 millones de pesos para financiar centros escolares infantiles o Cendis, en las zonas de influencia del Frente Popular una de las organizaciones asociadas al PT.
Pero que cree Usted, pues la PGR encontró que de los 100 millones, doña María se depositó en sus cuentas personales 62 milloncejos y que el resto lo repartió a través de 24 cheques alegremente entre sus socios sucios entre quienes se encuentra Héctor Quiroz, líder del PT en Aguascalientes.
Quiroz fue detenido el lunes pasado y dejado luego en libertad mediante una fianza.
Todo indica que la PGR va contra el entorno más cercano de Anaya ex aigo y exsocio de Carlos y Raúl Salinas.
Por supuesto que Andrés Manuel López Obrador y el propio Anaya afirman que la PGR actúa porque Anaya apoya al tabasqueño en su empeño por ir por la Presidencia en 2018.
Bien, pero, ¿y los 100 millones de pesos y su personalísimo reparto son ficticios, o un delito cierto?
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