29 de March de 2024
En riesgo, los derechos humanos y de propiedad de uno de los grandes muralistas mexicanos
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En riesgo, los derechos humanos y de propiedad de uno de los grandes muralistas mexicanos

May 21, 2018

Ciudad de México, 21 de Mayo  (AMPRYT/CÍRCULO DIGITAL).-Las autoridades judiciales de la Ciudad de México han hecho caso omiso a su obligación de atender la solicitud de acceso a la justicia, de manera gratuita e imparcial, que presentó el muralista mexicano Antonio González Orozco, quien a sus 85 años denunció amenazas a su integridad física y obra pictórica, por lo que están en grave riesgo sus derechos humanos y de propiedad, alertó la diputada Ernestina Godoy Ramos.

“Autor del mural Juárez, símbolo de la República contra la intervención francesa, que ha sido reproducido en todo género de publicaciones a nivel nacional e internacional, González Orozco es considerado uno de los grandes maestros muralistas de la Escuela Mexicana de Pintura, lo cual poco le ha valido para evitar el abandono y falta de apoyo de las autoridades culturales, así como el acceso a la justicia”, puntualizó.

Ante esa situación, la legisladora federal de Morena presentó un Punto de Acuerdo para que la PGJCDMX atienda con prontitud, eficacia e imparcialidad las denuncias y querellas presentadas por el muralista Antonio González Orozco, con el fin de proteger y garantizar sus derechos humanos, en particular su integridad física, dignidad y patrimonio.

Godoy Ramos explicó que el artista –alumno destacado del muralista Diego Rivera y reconocido internacionalmente– presentó las denuncias correspondientes ante la Procuraduría capitalina por amenazas contra él y su esposa, así como por el riesgo de perder su obra pictórica y fuentes de subsistencia a manos de Nora María Franco, una antigua abogada de la familia a quien acusa de robo y abuso de confianza con cuadros de su autoría.

Señaló que pese a que diversos medios de comunicación hicieron eco de las denuncias presentadas por González Orozco desde 2016 –por robo y maltrato a adultos mayores–, a las que se agregó otra en noviembre del año pasado por despojo, éstas no avanzan.

“Las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia capitalina no han presentado avance substancial alguno que permitan determinar la aplicación de la ley”, expuso.