La renovación del Pleno de la Corte se dará en medio de una tensa relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo. Apenas hace unos días, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, artífice de las reformas que han incomodado a los ministros, declaró al diario español El País que el Poder Judicial requiere una sacudida.
Al momento, existen seis iniciativas de Monreal de un total de 10 proyectos que pretenden reformar la Constitución o la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para garantizar la independencia e imparcialidad, frenar el nepotismo, promover la paridad de género y rotar a jueces para bajar la corrupción.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en la composición del Pleno de la Corte, Pedro Salazar, advierte que “son cambios de posiciones en un órgano constitucional muy importante, en una coyuntura política sin precedentes, y entre otras cosas, porque el próximo presidente tiene una amplia mayoría legislativa entre su propio partido y aliados en el Senado, que le permitiría lograr la mayoría calificada para aprobar a partir de una propuesta suya a la persona que ocupe la vacante de Cossío Díaz”.
A pesar de que el ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, informó al Poder Ejecutivo la vacante que a partir de hoy deja Cossío Díaz, la presidencia no envió la comunicación oficial al Senado de la República, donde por ley se procesa la designación de un ministro de la Corte. Lo que para especialistas consultados por El Sol de México hace suponer que no hubo un acuerdo entre el presidente saliente y Andrés Manuel López Obrador, quien llevará mano en la elaboración de la terna.
El Congreso de la Unión ya comenzó los trabajos legislativos para transformar al Poder Judicial, mientras que magistrados y ministros han sostenido criterios en contra de los proyectos de transformación que plantea Andrés Manuel López Obrador, como la entrada al amparo que topa los salarios de los servidores públicos al del nuevo Presidente.
“Es novedoso dentro de nuestra tradición es que haya un Poder Legislativo en funciones ya lanzando iniciativas y un presidente que ha dicho muchas cosas que ha manejado ideas y que todavía no está en funciones. Esto crea un poco de desconcierto político”, reflexionó Raúl Carrancá y Rivas para El Sol de México.
La investigadora Clara Judisman Rapoport consideró que la relación entre los poderes “es una espada de Damocles”, por lo que refiere que hubiese sido “mucho más democrático, más civilizado si se hubieran sentado a platicar”.
“Pero llegar a imponerla a raja tabla no parece democrático, no es civilizado sino parece como una revancha” agregó Judisman, “no me parece una buena manera de trabajar en democracia”.
Carrancá y Rivas señaló que aunque “se ha dicho que es un atentado un ataque al Poder Judicial hacia su autonomía”, esto no la afecta, ya que no se le está sometiendo a un lineamiento “decirle vas a caminar por este camino o por este otro desde una posición de influencia política, y aquí no se trata de eso”, destacó.
Para ambos especialistas, las iniciativas que ha presentado Morena en el Congreso de la Unión reflejan el sentir de la ciudadanía con respecto de las deficiencias que se presentan en el Poder Judicial y hasta cierto punto sostienen son parte del trabajo de los legisladores.
EL DEBATE
El problema surgió cuando Andrés Manuel López Obrador denunció que los salarios que perciben los ministros son sumamente elevados, por lo que posteriormente planteó reducir su futuro salario a la mitad y con ello fijar un tope para los demás cargos públicos.
“Lo que no se debe hacer es afectar el trabajo fundamental y la necesidad de recursos económicos presupuestales para poder garantizar un trabajo sustancial, independiente”, reviró ante esta acción, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la SCJN, el ministro Luis María Aguilar Morales, en un discurso pronunciado el día del abogado. Por ello, exigió que ningún otro poder público interfiera en los órganos autónomos.
El dr. David. A. Shirk, del programa Justice in Mexico, señaló que el bajar los salarios de los ministros “los limita para ejercer sus funciones y presenta un peligro a su independencia”.
