CNDH actualiza las cifras del diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de septiembre, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- En agosto de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, a fin de contribuir a la observancia de los derechos humanos en el país, sensibilizar a la opinión pública frente a la existencia de este delito, sus causas y los daños que produce en las víctimas que lo sufren, así como generar conciencia en todos los sectores de la sociedad acerca de la urgencia de sumar esfuerzos para combatir la trata de personas.

Con la finalidad de actualizar los datos, la CNDH solicitó información a las 32 procuradurías de justicia locales, así como a la Procuraduría General de la República (SEIDO y FEVIMTRA), para conocer los avances que en materia de procuración e impartición de justicia se tiene, así como el perfil de las víctimas y de los victimarios y los lugares de origen de aquellas. La información solicitada abarcó del 15 de junio de 2012 –fecha en la que entró en vigor la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos- al 30 de junio de 2015.
De la información obtenida se observa que de 1.458 averiguaciones previas iniciadas en el ámbito local, 27% derivaron en consignaciones y solo 18.4% en sentencias condenatorias, con un total de 108 personas sentenciadas. En el ámbito federal, la PGR reporta 571 averiguaciones previas iniciadas, con un porcentaje de 15.9% de consignaciones y un 1.9% de sentencias condenatorias, con un total de 12 personas sentenciadas.
Destaca que las entidades federativas con mayor número de averiguaciones previas iniciadas son Puebla con 375, Chiapas 315, Ciudad de México 113, Oaxaca 118 y Baja California Norte y Estado de México con 95 cada una, lo cual representa el 76% del total iniciadas en el ámbito local. En estos estados se observa que únicamente la Ciudad de México cuenta con un importante número de sentencias, esto es 167. Sin embargo, Chiapas solo reporta 16 sentencias, Baja California 8, Estado de México 3, Puebla 24 y Oaxaca ninguna.
En cuanto al perfil de las víctimas se obtuvo la siguiente información por parte de las procuradurías estatales: de un total de 2.843 víctimas, 87.9% son mexicanas y solo 8.4% extranjeras; 93.4% mujeres y 6.1% hombres; el 26.5% son personas menores de edad y 71.7% mayores de edad (3.2% no se identificó edad).
En el ámbito federal, SEIDO reporta un total de 706 víctimas de las cuales 696 son mexicanas, 10 extranjeras y en 108 casos no se pudo identificar la nacionalidad. Destaca que a diferencia de lo reportado de manera general por las procuradurías estatales donde la mayoría son mujeres y adultos, en el caso de averiguaciones previas en las que interviene la delincuencia organizada, la mayoría, esto es 54%, son personas menores de edad frente a 29% de mayores de edad y 15% en el que no se pudo identificar la edad de la víctima. De igual forma destaca que la mayoría de las víctimas de este tipo de delincuencia son hombres, esto es 46%, mujeres 38%, y 15% reportadas como no identificadas.
Del total de víctimas en el ámbito federal como local se han identificado personas cuyos países de origen son: Estados Unidos de América, Honduras, Colombia, Argentina, El Salvador, Guatemala, Cuba, Chile, Nicaragua, Venezuela, entre otros. En cuanto a las víctimas de nacionalidad mexicana, se reportan originarias de todo el país.
De esta forma, y con la finalidad de aportar información que visibilice este delito en el país, la CNDH se encuentra preparando un informe con información cuantitativa y cualitativa que incluirá las modalidades de captación de los tratantes, la existencia de fiscalías especializadas en las entidades, la capacitación que han recibido las y los servidores públicos, las zonas de mayor incidencia, las acciones en materia de atención a víctimas, así como las dificultades ante las cuales las autoridades ministeriales se han enfrentado para la aplicación de la ley en la materia.