Pide diputada Cristina Gaytán al gobierno de EPN congruencia en derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de agosto, (DOBLE TINTA / CÍRCULO DIGITAL).- La diputada Cristina Gaytán Hernández pidió al gobierno federal congruencia con la Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y firmar a la brevedad el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Solicitó a la Cámara de Diputados que respalde, al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, su exhorto al Ejecutivo Federal a fin de que además, al firmar el Protocolo, reconozca expresamente la Competencia del Comité encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones del Pacto.

Al argumentar su propuesta, la secretaria de la Comisión de Defensa Nacional e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados refirió que hace ya 35 años que México se adhirió al PIDESC y, sin embargo, no hay una sola acción concreta para hacer valer sus postulados.

En el PIDESC se reconocen derechos como el del trabajo, la protección a la familia, a un nivel de vida adecuado, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la educación, a la participación en la vida cultural y a gozar del progreso científico, entre otras prerrogativas.

Como en México y otras naciones no se veían avances reales desde que se firmó el Pacto en 1980, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 10 de diciembre de 2008 el Protocolo Facultativo del PIDESC. En él se crea y habilita el Comité para recibir, examinar y, en su caso, desahogar quejas de quienes consideren violados sus derechos.

Sin embargo, para que este Comité intervenga, es necesario que el Estado denunciado sea signatario del PIDESC y que además apruebe y ratifique el Protocolo. México firmó el primero pero no el segundo.

Cristina Gaytán destacó la importancia de que nuestro país sea congruente con el PIDESC, pues los derechos económicos, sociales y culturales permiten el ejercicio de otros derechos, ya que establecen las bases mínimas para el desarrollo de los seres humanos en condiciones de igualdad y libertad.

Resaltó el compromiso del Poder Legislativo, como institución, con la generación de condiciones que permitan a cada persona gozar de tales derechos para su plena realización como ser humano y para tal efecto reformó la Constitución en la materia durante junio de 2011.

Dicha reforma estableció la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

“Como legisladores, esta proposición es una forma de dejar en claro que haremos todo lo que esté dentro de nuestras facultades para que los mexicanos gocemos en igualdad de circunstancias de los mismos Derechos”, señaló.

A su vez –concluyó-, el Ejecutivo Federal debe ser congruente con la Constitución y con el Pacto, demostrar un verdadero compromiso con los Derechos Humanos de todas y todos, y firmar el Protocolo.

“México –dijo- tiene la oportunidad de avanzar en materia de Derechos Humanos y la firma del Protocolo es indispensable para que el Comité tenga la posibilidad de conocer de cerca el estado que guardan en nuestro país los DESC”.