Analiza Corte denegar reparación a ex reclusos

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de agosto, (AMPRYT / CÍRCULO DIGITAL).- La Suprema Corte de Justicia discutirá el 31 de agosto un proyecto que establece que las personas acusadas de un delito que son encarceladas, y luego liberadas, no tienen derecho a reclamar al Estado el pago de indemnización por responsabilidad patrimonial.

El proyecto, que analiza la Segunda Sala, rechaza indemnizar a indígenas de Chiapas que pasaron más de 11 años presos por la matanza de Acteal, para luego ser liberados por la propia Corte.

El ministro Alberto Pérez Dayán propuso a sus colegas establecer que no procede un pago por responsabilidad patrimonial en favor de Manuel Luna Pérez y Pedro López López, acusados por la PGR de participar en la matanza de 45 tzotziles en diciembre de 1997.

La responsabilidad patrimonial del Estado, señaló, no es aplicable en casos como este, en el que la PGR presentó pruebas que le parecían suficientes para acusar.

“Los hechos generadores de la responsabilidad patrimonial del Estado son aquellos que derivan de las actividades administrativas cuya realización conlleva un riesgo. Estos pueden ser, por ejemplo, las fallas en las obras de infraestructura pública, las malas prácticas médicas, los percances derivados del indebido uso o mantenimiento del transporte público, entre otros”, agrega.

Pérez Dayán expone que los acusados por Acteal fueron declarados culpables tanto por un juez de Distrito como por un tribunal unitario, y fue la primera Sala de la Corte la que resolvió hasta 2009 que la investigación de la PGR estuvo viciada por el uso de pruebas ilícitas y violaciones al derecho de defensa adecuada.

“El hecho de que se considerara que diversas pruebas incumplían con los requisitos técnico-jurídicos para su apreciación en el proceso penal y, por ende, que no podían ser analizadas por el Tribunal responsable, en forma alguna conlleva al pago de una indemnización”, señala el proyecto.

También aclara que eso no quiere decir que los fiscales estén exentos de responsabilidad administrativa o penal, o que no se les puedan exigir reparaciones por otras vías.