Aclarar el destino de 350 millones, pide la ALDF a la UAM

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de agosto, (DOBLE TINTA / CÍRCULO DIGITAL).- La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhortó hoy al rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Salvador Vega y León, a informar sobre el uso, destino y aplicación de los 350 millones de pesos que se otorgaron a la institución como ampliación a su presupuesto original en el rubro de “Subsidio Federal 2015”.

En un punto de acuerdo, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la ALDF también pidió transparentar y exhibir, a través del portal oficial de la institución educativa, la documentación que soporta el uso, destino y aplicación de dichos recursos públicos.

En tribuna, Texta Solís explicó que el 17 de marzo pasado la UAM emitió un comunicado en el que señaló que dicho presupuesto fue asignado al capítulo 1000, referente a servicios personales, y al 6000, de inversión pública, para la construcción del edificio de ciencia y tecnología de la Unidad Iztapalapa.

Esta información, dijo el diputado perredista, es inexacta toda vez que no se tiene certeza sobre el destino específico y la documentación que sustenta la supuesta erogación de manera adecuada.

“Esta Asamblea Legislativa no puede pasar por alto posibles actos ilícitos, en los que se destine el dinero de las y los mexicanos al pago de nóminas exorbitantes, ni dejar de exigir una explicación, porque se pone en entredicho el buen funcionamiento de la institución”, aseveró el legislador.

Texta Solís explicó que la Universidad Autónoma Metropolitana está obligada a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos que le fueron otorgados durante el ejercicio fiscal 2015, toda vez que es sujeto obligado por ley en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Las autoridades universitarias, sostuvo, se han escudado en el principio de autonomía del organismo académico para no aclarar el uso de ciento de millones de pesos; sin embargo, la autonomía no se afecta cuando la revisión de sus finanzas no implica una intromisión a su libertad de autogobierno y autoadministración, sino la verificación de que efectivamente las aportaciones económicas que reciben de la ciudadanía se ejercen adecuadamente.

“En cuanto a la transparencia, el principio de máxima publicidad y el derecho a la información van más allá de esa autonomía, pues la Ley General de Transparencia posibilita a cualquier ciudadano, sin necesidad de demostrar interés previo, la solicitud de información no reservada por norma a cualquier universidad pública”, enfatizó Iván Texta.

El diputado de Morena, José Alfonso Suárez del Real, se sumó al punto de acuerdo del diputado perredista.