Sol Azteca en el Senado pide veto presidencial a Ley 3 de 3

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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de junio, (POLITIQUERIAS / CÍRCULO DIGITAL).- En días pasados el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, realizó un llamado al máximo mandatario de México, Enrique Peña Nieto, a que se parara la legislación de la Ley 3 de 3, el coordinador del Sol Azteca en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, se sumó a pedir que se vete de manera parcial la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo que respecta al artículo 29 y al artículo 32.

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta afirmó que el PRD en el Senado, pide que el Ejecutivo federal vete parcialmente dichos artículos, lo cual obligaría a que el presidente envié a la Cámara de origen la revisión solamente de los artículos 29 y 32, y se pueda desahogar en un periodo extraordinario.

“No hay que esperar a que transcurran 30 días como lo marca la Constitución para no hacer observaciones y que las haga de inmediato, así el Congreso se compromete a revisar las observaciones y se pueda celebrar un periodo extraordinario” detalló el coordinador del Sol Azteca en dicha Cámara.

Dicho veto tiene el propósito de que se incluya la reserva que hizo la bancada panista y perredista al artículo 29, para que la máxima publicidad de las tres declaraciones de los servidores públicos quede clara en los campos y en los elementos que debe contener la ley, aseveró el senador, además de destacar que dichos apartados no deben quedar sujetos a una nueva posición pública, “sino que quede escrito, quede redactado ya en la ley” agregó Barbosa Huerta.

En cuanto al artículo 32, el perredista comentó que se debe mejorar la redacción para también clarificarlo, y que se preserve la obligación del sector público de informar, para que, así como quedó no sirva como un elemento de evasión, detalló el legislador del PRD.

“En la forma general que quedó redactado el artículo, sobre quienes acepten y ejerzan recursos públicos, que incorpora y obliga con ello a los becarios, a quienes reciben recursos públicos para fines sociales, culturales, que quede perfectamente claro. Y que todos los particulares o las personas jurídicas que hagan negocio con el Gobierno, mediante contratos con fines mercantiles, queden obligados”, explicó Barbosa Huerta.

En ese sentido, Barbosa Huerta confió en que el sector empresarial compartirá la posición, porque ellos desean claridad en la ley, pero no piden inmunidad en contra de una ley que los obliga a participar de esta forma en el combate a la corrupción.

Por último, el legislador comentó que el ambiente social que ha rodeado al Sistema Anticorrupción por el artículo 29 y por la confusión o mala redacción del 32, no debe de afectar al conjunto del sistema, “es un esfuerzo legislativo muy importante, es un andamiaje muy completo que no puede quedar bajo la denominación de ser un mal sistema solamente por la visión que se tiene de dos artículos” finalizó.

El punto crítico.

 

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