Pide ALDF más presupuesto para atender necesidades de unidades habitacionales
CIUDAD DE MÉXICO, 01 de noviembre, (CDMX MAGACÍN/CÍRCULO DIGITAL).— Iván Texta Solís, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), exhortó a la Procuraduría Social de la Ciudad de México y a la Secretaría de Finanzas capitalina a que en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2017, contemplen un aumento presupuestal que garantice el derecho humano de acceso a una vivienda digna y adecuada, a los 3.5 millones de habitantes que viven en ocho mil unidades habitacionales en nuestra ciudad.
En el punto de acuerdo presentado por el legislador, y turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se establece que de acuerdo con cifras de la Procuraduría Social local, se ha logrado apoyar económicamente, para prevenir y revertir el deterioro físico de los inmuebles, a cerca de 4 mil 391 unidades habitacionales; sin embargo, falta mucho por hacer.
“En total respeto al derecho humano de las y los habitantes de la Ciudad de México a una vivienda digna y decorosa, el Gobierno capitalino debe garantizar en presupuesto un aumento que permita hacer frente a las necesidades básicas de mantenimiento de la vivienda condominal: infraestructura, calles y andadores; estructuras, instalaciones eléctricas, equipamiento urbano al interior, sistemas de seguridad y cuidado al medio ambiente”, precisó el diputado perredista.
Sin embargo, explicó, existe un déficit de atención presupuestal en materia de mantenimiento de por lo menos 10 mil millones de pesos, contando los siete rubros que contempla actualmente el programa “Ollin Callan”, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México debe tomar acciones prontas para atender este déficit presupuestal, aumentando en más de 483 millones de pesos el presupuesto de la Procuraduría Social de la Ciudad de México.
Texta Solís señaló que entre las funciones de la Procuraduría Social de la Ciudad de México está la de proteger los derechos ciudadanos, promover la cultura de exigibilidad y la difusión de las garantías económicas, sociales, culturales y ambientales de las y los capitalinos para una sana convivencia.
“Se trata de la autoridad en materia condominal para vigilar, permanentemente, el cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles y promover la organización para lograr una cultura de convivencia”, señaló el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México en la ALDF.
Indicó que para realizar correctamente estos fines y cumplir con lo dispuesto en el Programa General de Desarrollo 2013-2018, la Procuraduría Social contempla diferentes ejes temáticos de acciones, entre los que destacan:
El fomento a la organización social de la estructura condominal, a partir del estímulo a la participación y la información oportuna; el mejoramiento significativo de las condiciones y niveles de vida de sus residentes y en modelos de corresponsabilidad y coparticipación; el fortalecimiento de los mecanismos que respalden acciones concretas en materia de habitabilidad y adaptabilidad urbana.
También, la generación de acciones vinculantes entre ciudadanía e instituciones gubernamentales, así como del espacio orgánico que fomente la exigibilidad de derechos sociales, la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas dentro del marco transversal de derechos humanos en el ámbito administrativo, que mitigue el conflicto social.
“A través de su Programa Institucional contribuye a satisfacer los Derechos de Tercera Generación o Colectivos de la población; es decir, de más 3.5 millones de habitantes que viven en ocho mil unidades habitacionales de esta ciudad. Entre esos derechos está el acceso a una vivienda digna, en condiciones óptimas de higiene, seguridad y protección”, refirió Iván Texta.
Manifestó que durante décadas los condominios y unidades habitacionales de la Ciudad de México no recibieron apoyo alguno por el extinto Departamento del Distrito Federal, lo que contribuyó al paulatino deterioro físico de los inmuebles de su equipamiento urbano y de las áreas de uso común. Este detrimento físico, aunado a la afectación de la calidad de vida de la población-habitante, propició la creación del Programa para el Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social en el periodo 2001 a 2006.
Para 2007, dijo, con algunos cambios en las Reglas de Operación cambia al programa “Ollin Callan”, que hasta la fecha continua, y en el cual se replanteó etiquetando presupuesto específicamente para atención condominal dando más énfasis a la organización social.
El objetivo del programa es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la convivencia comunitaria en los residentes de las unidades habitacionales de interés social, a través de apoyos económicos para prevenir y revertir el deterioro físico de inmuebles, siendo el único programa social en la materia.
