Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Consciente de vivir tiempos inéditos, el presidente Enrique Peña Nieto se despide del cargo a un año de dejarlo formalmente con una determinación:

“Para mí el haber servido como Presidente de la República ha sido ha sido la mayor satisfacción y el mayor privilegio y tengo muy claro que está a punto de concluir mi carrera política, mi participación en la vida política de mi país…

“¿Qué haré? No lo sé. Habré de reinventarme, no sé en qué, no tengo claro, es algo que habré de definir una vez que concluya esta responsabilidad… pero la decisión que sí tengo tomada, es concluir mi vida política en México”, reitera.

La otra convicción, afirma, es que no pretende imponer a nadie, ni sucesor ni Fiscal Anticorrupción o Fiscal General de la Nación.

“No tengo el menor afán de imponer absolutamente a nadie”, subraya.

Al concluir su mandato el primero de octubre del año que entra, Peña Nieto tendrá apenas cumplidos 52 años.

Por eso sorprende su convicción de un retiro absoluto de la vida pública. Nada que se asemeje a sus antecesores inmediatos, no será –afirma-, ni como Ernesto Zedillo ni como Vicente Fox ni Felipe Calderón. Su convicción es un a un retiro total.

Al menos eso es lo que dijo en una serie de entrevistas a medios nacionales, en las que además dibujó un perfil muy general de quien deberá ser el candidato del PRI a sucederlo.

Dos son los atributos que a juicio de Peña Nieto deberá tener el abanderado de su partido a ocupar su lugar en Los Pinos de 2018 a 2024: tener una visión clara de lo que México necesita en el futuro inmediato y tener un perfil de honestidad y prestigio sin mancha.

¿Miguel Ángel Osorio Chong, José Antonio Meade, Aurelio Nuño y José Narro caben en ese perfil?

En sus entrevistas de despedida anticipada Peña Nieto define 2 asignaturas pendientes: seguridad y pobreza.

Por lo demás reitera lo su herencia serán las reformas estructurales, que “ahí van”.

De todas destaca la educativa y la de comunicaciones.

En cuanto a la corrupción, insiste en que es un problema estructural de la sociedad mexicana, que sólo se solucionará cuando los sistemas judiciales se apliquen y sean asumidas como suyas por la sociedad.

En obvia respuesta a quienes critican su gestión y la califican de insuficiente, les responde que hoy México no tiene nada que ver con el país de hace 25 años o menos.

Que la diferencia entre su gestión y las anteriores es que él dejará un sistema de transparencia mediante el cual se puede pedir cuentas a quienes integran todos los poderes en México, así como a las estructuras administrativas de los organismos autónomos e incluso a los sindicatos.

Y sin duda cuenta, dice, el Sistema Nacional Anticorrupción.

Reconoce que sin duda ha habido yerros y errores, pero que estos no superan a lo logros de su administración. Considera que el tema más conflictivo de su Gobierno es sin duda lo de los 43 de Ayotzinapa.

Así Enrique Peña Nieto se despide del cargo sabedor de que, una vez que surja el candidato del PRI a sucederlo, y que con ello se inicie el arranque formal de su sucesión, él pasará a una posición marginal.

Es una condición natural de la política. A partir de eso comenzará a ser el ex presidente. Un camino sin retorno.

De entrada, en esta ceremonia del adiós, Peña ha comenzado a hablar de sí mismo en pasado.

PANISTAS EMPANTANAN AL CONGRESO

El berrinche de Ricardo Anaya llevó ayer al límite las negociaciones de la integración de las mesas directivas en el Senado y la Cámara de Diputados y en el resto de los órganos de dirección del Congreso.

En el Senado de la República la negociación encabezada por el coordinador de los priístas Emilio Gamboa con Fernando Herrera coordinador de los blanquiazules, entro hacia la media tarde y noche en la incertidumbre porque el aguascalentense simplemente no reconoció el acuerdo suscrito a inicio de la legislatura entre su antecesor Ernesto Cordero y el resto de los coordinadores.

Este acuerdo era el de que el último año, es decir el que inicia hoy y concluye a fines de agosto de 2018, le tocaba al PRI presidir tanto la mesa directiva como la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

En San Lázaro el coordinador de la bancada blanquiazul, el michoacano Marko Cortes presentó un frente similar al sacar a sus legisladores de la negociación con la bancada del tricolor.

Unos y otros amenazaron no asistir a la instalación de sus órganos directivos  ni reconocerlos.

El tema apuntaba a lo peor, porque de persistir esta actitud se estaría desechando cualquier posibilidad de sacar adelante los temas pendientes del Congreso de los cuales los más importantes sin duda son:

–       La discusión y aprobación del Presupuesto de Ingresos para 2018.

–       La discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para 2018.

–       La designación del nuevo Gobernador del Banco de México.

–       La designación del Fiscal General de la Nación.

–       La designación del Fiscal Antocorrupción.

–       El debate y aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Y otros muchos asuntos.

ELECCIONES SIN LEY

En este contexto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó ayer las reglas impuestas por el INE para poner un alto a Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y otros que usan spots oficiales para su promoción personal y política.

El golpe fue asumido por partidos y consejeros electorales como un retroceso en la normatividad de control de campañas anticipadas.

Al hablar de ello, el consejero Ciro Murayama consideró que esta decisión del Tribunal Electoral, anula el esfuerzo del INE para favorecer la equidad electoral en la contienda de 2018.n Eso ya no va a ser  posible.

REPORTE

El próximo  6 y 7 de septiembre el gobierno mexicano rendirá su informe ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias de la ONU.

En este su tercer informe que dará cuenta de los avances legislativos, judiciales y administrativos que garantizan en México los derechos humanos de la población migrante y sus familiares, se indica que si bien se han promulgado leyes y programas, “estos no se han cumplido en la práctica, y eso genera una violación sistemática de derechos humanos de la población migrante y sus familiares”.

La Secretaría de Gobernación indica que el 90% de los migrantes detenidos son deportados.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados dice que sólo el 11% de las solicitudes de asilo se resuelven favorablemente.

En estas condiciones el reporte precisa que esta política de detención sin excepción, no identifica casos que requieren protección internacional, ni garantiza el ejercicio de derechos, lo cual, potencializa el panorama desfavorable para la población migrante y refugiada.

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