Tras la puerta del poder
*Roberto Vizcaíno
– La inédita y sorpresiva petición de perdón, desactivó una nueva campaña vs el Gobierno
– El general Salvador Cienfuegos habló a nombre de Ejército, Fuerza Aérea y Armada
– Vidulfo Rosales, el vocero de los padres de los 43 a quienes llamó “pinches piojosos”, denunció la intercepción a la PGR
No cabe duda que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos han aprendido en el manejo de las llamadas “situaciones de crisis”.
Y es que prácticamente todos manuales sobre el tema advierten que, una vez que las redes sociales y los medios informativos reproducen un hecho negativo para un personaje, institución o empresa, lo primero que se tiene que hacer es salir a reconocerlo.
La segunda recomendación es la de lamentarlo o pedir disculpas y la tercera es plantear una solución.
Todo ello hizo el sábado el general Salvador Cienfuegos ante unos 30 mil soldados y estructuras militares de todas las áreas geográficas y orgánicas del Ejército, reunidos en el Campo Militar No 1.
Intentar negar lo que cientos de miles, millones de mexicanos y extranjeros habían visto en redes sociales en las anteriores 30 o 40 horas hubiera sido más que ofensivo, temerario.
Junto con el certero y sentido pronunciamiento del general Cienfuegos, emitido a nombre de Ejército, Fuerza Aérea y Marina, las áreas de comunicación social de la Sedena informaron que al acto de tortura en que se ve a 2 mujeres policías Militares y a un elemento de la Policía Federal torturar a Elvira Sánchez Margarito, de 22 años de edad, conocida como “La Pala” y miembro de la Familia Michoacana –por lo que está presa en el Penal de Nayarit-, ocurrió el 4 de febrero de 2015 en el poblado de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.
Y que una vez que trascendió este acto de tortura, apenas unas semanas después de ocurrido, los militares involucrados fueron detenidos y siguen 2 procesos: un juicio militar y uno civil.
Lo demás, lo expresado en voz del general Cienfuegos, fue una advertencia y fijación de límites hacia dentro de las Fuerzas Armadas, y un mensaje de garantías para la sociedad mexicana.
No se puede combatir a delincuentes delinquiendo, les dijo. El acto de tortura que corrió por redes sociales es inadmisible y repugnante, afirmó. Los militares están para cuidar a los ciudadanos, les recordó.
A su lado había otros mandos, pero sin trajes de gala ni insignias de grado. Abajo la tropa igual. Solo con vestimentas de campaña. Únicamente Cienfuegos vestía a tono con su investidura. Para que no hubiera confusiones. El evento no era para celebrar nada, sino todo lo contrario.
El acto de desagravio de las Fuerzas Armadas podría quedar en demagogia si hacia abajo y a los lados no se actúa en congruencia.
Lento por ejemplo se ha visto Renato Sales, titular de la Comisión Nacional de Seguridad y responsable de la Policía Federal, quien hasta anoche no había salido a reconocer que en ese acto de tortura también participó un elemento de su corporación.
Y hablo de que personajes como el gobernador de Veracruz Javier Duarte, quien a fines de la semana –luego de que su estado es el reino de los secuestros, las ejecuciones y desapariciones por parte de policías municipales y estatales aliadas al crimen organizado-, salió a decir que “Veracruz estaba de plácemes porque EU no lo incluyó en la lista de estados vedados por el Departamento de Estado para los turistas norteamericanos”. ¿Cómo la ve?
O el gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez –quien está autoapuntado para ser candidato presidencial del PRD en el 2018-, quien es señalado por organizaciones y ciudadanos morelenses como un inútil y mentiroso, y contra quien han pedido no sólo Juicio Político sino una dimisión inmediata.
Poblaciones como Cuautla, Yautepec y otras colindantes con Guerrero, son presas del secuestro y la extorsión irrefrenable mientras Graco presume que el Mando único Policial bajo sus órdenes es “un ejemplo no sólo para otros estados sino para otros países”.
El desastre en seguridad y violencia mantiene en vilo hoy mismo además a Michoacán, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa.
En otros estados los cobros por derecho de piso, las acciones del narcotráfico, los secuestros, las desapariciones, ejecuciones e incineraciones… se suman a la desviación de miles de millones de pesos de las arcas públicas por parte de sus gobernadores o alcaldes y por enconos y enfrentamientos políticos, reclamos de proveedores y exigencias de cumplimiento de pago por parte de instituciones lo que hace a México un país bajo proceso judicial y mediático.
DEFINITIVAMENTE SE VA
En este contexto es en el que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto informó en días anteriores a través de todas las formas y foros que ya no requiere de la “asistencia” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, o GIEI, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH.
Concluye así una tortuosa relación en que el Gobierno Mexicano pagó decenas de millones de dólares para que los del GIEI le tundieran y denigraran durante más de un año y meses por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Todavía a fines de la semana anterior la CIDH encabezada por el rencoroso mexicano Emilio Álvarez Icaza tuvo la desfachatez de señalar que la estancia del GIEI no dependía del Gobierno Mexicano, sino de la decisión de la CIDH.
El Gobierno mexicano les recordó a Álvarez Icaza que el GIEI estaba en México debido a un acuerdo, y que como tal dependía de la decisión del Gobierno mexicano y que esta decisión ahora era que se fuera. Y ya no hubo respuesta.
Con el fin de este acuerdo la PGR recobra la rectoría en la investigación sobre lo de Iguala y los normalistas y por lo tanto ya reiteró su acuerdo con los padres de los 43.
NUEVOS EVENTOS
La virtual expulsión del GIEI pasó a segundos planos por lo del caso de la otrtura expuesto en redes sociales y por la respuesta del general Cienfuegos, pero también por la captura realizada por la PGR del ahora exsecretario de Finanzas de la Sección XXII del SNTE-CNTE de Oaxaca, Aciel Sibaja Mendoza.
El dirigente magisterial es acusado de operar recursos de procedencia ilícita y de hacer negocios con su cargo para vender productos y servicios a maestros que les eran descontados de la nómina. En fin, una ficha.
DESCARO
De barandilla es también el caso denunciado ante la PGR por el abogado Vidulfo Rosales, líder del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A. C., y quien se ha significado por negociar como vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El abogado levantó acta por la intervención telefónica en que califica a los padres de los 43 como “pinches piojosos”. Con su denuncia reconoce que sí dijo lo que se escucha en esa intercepción.
UNA MÁS DE “INFLUYENTES”
Honoria Arellano Ocampo, regidora del municipio de Nezahualcóyotl quiere reelegirse y para ello ha pasado al ataque.
Y como no confía en el voto, pues ha creado un grupo de golpeadores que intimidan y “convencen” bajo amenaza de violencia a sus opositores.
Secretaria general con licencia de la sección XIX del Sindicato de Salud, Arellano se ufana de ser protegida del diputado federal pluri por BC Marco Antonio García Ayala, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, y sobrino del senador Joel Ayala, dirigente de la FSTSE.
En su carrera por la reelección, Arellano ha caído no sólo en actos de intimidación sino en violación del reglamento de su organización sindical.
De “buena” escuela, la regidora Arellano ha colocado a parientes y compadres en la nómina de Neza, quienes son los que ahora comandan sus grupos de choque.
¿Cómo ve esta muestra de impunidad, gandallismo político y nepotismo municipal?
*Periodista
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