Ciudad de México 25 Agosto .-Una red de intereses creados movidos por una mano “negra” que se oculta detrás de organismos vecinales, y comunitarios que supuestamente brindan apoyos “desinteresados” en favor del rescate, reorganización, y la autonomía de los 14 pueblos originarios dé Xochimilco, bloquean, todo lo que huela a desarrollo urbano en favor de sus habitantes.
Al parecer esa “mano negra” que mece la cuna se oculta en la Unión Comunitaria por el Pueblo de Santa Maria Tepepan en Xochimilco, y presumiblemente apoyan diversos proyectos, así como organizan y acciones de vecinos frente a los desarrollos inmobiliarios ilegales en el sur de la ciudad. Además labora con la Coordinación d Pueblos Originarios, Barrios y Colonias de Xochimilco.
En los últimos días ha surgido a luz pública el nombre de Alejandro Ortiz, quien se dice tener la representación de esta comunidad, afirmación que ha sido desmentida públicamente, y que contrario a estos señalamientos han reconocido prácticas de extorsión de este sujeto, que aseguran opera con cuatro vecinos que sigilosamente se acercan a empresarios que estén interesados en algún proyecto de construcción en la zona.
En ocasiones alguno de éstos operadores le argumenta al interesado que la construcción cruzaría por su propiedad, y entonces les solicita que le edifiquen una nueva vivienda a fin de no afectar a sus familia, y mientras esto ocurra, esto les exige el pago de una renta superior a los diez mil pesos mensuales.
Además algunos vecinos de Tepepan consultados aseguran que Alejandro Ortiz opera directamente con una mujer de nombre Ana González Pérez, quien al parecer sería su esposa sería la encargada de interponer los juicios de amparo, y firmar como quejosa.
Ante estas estas ilícitas actividades del Alejandro Ortiz, han surgió una serie de Fake News (noticias falsas) contra el actual alcalde Xochimilco, José Carlos Acosta en torno al sobre precio en las rentas de las trajinares adornadas durante la feria de la Flor más Bella del Ejido, y señalamientos de que su sueldo es mayor que el de la misma jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Por otra parte, La alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, y el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Romo, denunciaron la operación de un “cartel inmobiliario” que defiende decenas de construcciones irregulares.
Se trata, dijeron en conferencia de prensa, de alrededor de ocho despachos de desarrolladores nacionales que utilizan cualquier artimaña legal e ilegal para justificar una construcción a pesar de que viole el uso de suelo, los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano o afecte las propiedades de los vecinos.
