La extendida corrupción en la obra pública federal obliga a una exhaustiva revisión de contratos: Herrera Ávila
Ciudad de México a 25 de Marzo (AMPRYT/CÍRCULO DIGITAL).-La obra pública federal debe ser sometida a una exhaustiva revisión ante las dudas generadas sobre el manejo transparente de grandes proyectos de la presente administración, como el nuevo aeropuerto capitalino, demandó el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera Ávila.
“La extendida corrupción en la contratación pública explica por qué iniciativas para erradicar ese flagelo, como la nueva legislación en materia de obras públicas, han sido frenadas en el Congreso de la Unión por el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados”, dijo.
A lo anterior, observó, se agrega el hecho de que casos, como el de Odebrecht, la llamada Estafa Maestra y del paso exprés de Cuernavaca, se mantienen cubiertos por el velo de la impunidad.
Herrera Ávila señaló que la corrupción es el segundo problema que más afecta al país, después de la inseguridad.
De acuerdo con registros del INEGI, la corrupción costó a los mexicanos más de 7 mil millones de pesos en 2017, cifra 12.5 por ciento superior a la reportada dos años antes.
El senador por Aguascalientes dijo que la bancada panista ha insistido en la aprobación de la Ley de Contrataciones de Obras Públicas, cuyo propósito es erradicar la corrupción que prevalece en el sector, al establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que anulen espacios de discrecionalidad y opacidad, y fomenten procedimientos de contratación competitivos e imparciales, indicó.
El proyecto fue presentado en febrero pasado por senadores de Acción Nacional, conjuntamente con senadores de otras fuerzas políticas, y entre otros de sus objetivos están el asegurar la competencia, dar equidad y eficiencia en los procesos de contratación de obra pública, y armonizar la legislación mexicana con las mejores prácticas internacionales, expuso.
Herrera Ávila apuntó que se trata de un instrumento que busca cerrar espacios a la ilegalidad, a aquellos márgenes que algunos utilizan para medrar, no sólo con los recursos públicos, sino con algún otro tipo de prestaciones y canonjías.
