Insostenible y poco transparente el sistema de pensiones en México: CIEP
CIUDAD DE MÉXICO, 21 de junio, (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).— Por Juan R. Hernández. El pago de pensiones representa el 15.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 2017 y 3.7% del Producto Interno Bruto (PIB), con tendencia a incrementarse en los siguientes años, generando presiones sobre el presupuesto restante para realizar política pública, revela el reporte “Pensiones en México: 100 años de desigualdad”, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP).
En conferencia de prensa, los investigadores del CIEP, encabezados por el director del Centro, Héctor Juan Villarreal Páez, revelaron que “el gasto público que se asigna para cubrir las pensiones es inequitativo entre las instituciones, los tipos de pensión, ya sean por reparto o cuentas individuales, y entre las generaciones de mexicanos, lo que lo hace desigual, insostenible y, además, carece de transparencia”.
Villarreal sostuvo que “el pago de pensiones reduce el margen de maniobra para realizar política pública y compromete económicamente el presupuesto del próximo gobierno”.
El sistema de pensiones es desigual entre individuos, instituciones, y generaciones
Sunny Arely Villa Juárez, directora de Gasto Público del CIEP, señaló que, una de las inequidades que tiene el sistema pensionario en México, se refleja en el gasto que se ejerce por pensionado en cada institución.
“En 2017, por ejemplo, del total del gasto en pensiones, únicamente el 5.2% de la asignación para este fin se destina al Programa para Adultos Mayores (pensión no contributiva), beneficiando al 49.9% de los pensionados totales”, indicó.
De acuerdo con el análisis, del total del gasto en pensiones contributivas, la investigadora señaló que el 48.5% corre a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se encuentran asegurados el 75.3% de los pensionados del tipo contributivo. Es decir, más del 50% del total del presupuesto destinado para el pago de pensiones contributivas se concentra en los ex trabajadores de alguna institución de gobierno, que representan el 24.7% del total de los pensionados contributivos.
Villa Juárez comentó que la mayor diferencia, entre lo asignado por pensionado, según institución, se encuentra entre “la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y Luz y Fuerza del Centro, quienes reciben en promedio, 8.8, 6.7 y 11.3 veces más que un pensionado del IMSS, respectivamente”.
Asimismo, subrayó que las generaciones pensionadas por el régimen de beneficio definido pueden recibir, al menos, 40% de su último salario, mientras que las nuevas generaciones, quienes cotizan en cuentas individuales, en promedio, recibirán el 30% del ingreso promedio en su vida laboral.
Compromisos y obligaciones para el futuro
Por su parte, Alejandra Macías Sánchez, coordinadora del proyecto, halló que, a pesar de las reformas más recientes realizadas a los esquemas pensionarios (1997, 2007, 2008 y 2016), aún persisten problemas importantes en el financiamiento de las pensiones.
El primero, apunta, se refleja en el pago de las pensiones de la generación de transición, que tienen un esquema de beneficio definido, el cual es financiado, en su mayoría, por los recursos enviados por el gobierno federal.
Asimismo, existen diferencias por 0.3% del PIB, en promedio, entre el presupuesto aprobado para el pago de pensiones y lo que se termina ejecutando cada año.
En ese sentido, documentó que el gasto en pensiones de beneficio definido tenderá a crecer hasta 2030-2035, dependiendo de la institución, cuando alcance su máximo, para después descender y extinguirse entre 2090-2120.
Transparencia en la información de Universidades Públicas Estatales y entidades federativas
De acuerdo con los investigadores, existen dos sectores que subrayan la falta de transparencia que envuelve el pago de pensiones: los esquemas de pensiones de las universidades y de las entidades federativas.
Por un lado, manifiestan, en las universidades, el problema está minimizado e ignorado porque se tiene información solamente de las Universidades Públicas Estatales (UPES). El déficit generado por el pago de pensiones, en 28 UPES, equivale al 2.0% del PIB. Si se quieren pagar las pensiones hoy, se necesitarían tres veces el presupuesto de educación superior.
Sobre la situación de los estados, la separación de recursos federales por entidad es reciente y sólo pocos han hecho una segregación importante de recursos para el pago de pensiones. Falta transparencia, principalmente, en Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas y Quintana Roo.
Además, un problema que tiene la educación superior en México es que las pensiones máximas de todos los regímenes de beneficio definido son desiguales. Por ejemplo, comentan, la Universidad Autónoma de Colima, cuenta con un sistema de pensión doble y otorga una cantidad de más de 941 mil pesos al año. Mientras que la mínima corrió a cuenta de la Universidad de Querétaro, con sistema doble, y de la de Aguascalientes, de sistema complementario, con 100 pesos anuales, que es una cantidad menor a la garantizada en la Ley de Seguridad Social de 3 mil pesos.
Implicaciones del pago de pensiones en la economía mexicana
Héctor Juan Villarreal explica que resulta necesario que el Estado diseñe mecanismos para ampliar el margen de maniobra presupuestario para poder cumplir con el pago de las obligaciones, sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad de la economía, ya que de “no existir alguna reforma para el pago de las obligaciones por pensiones de beneficio definido, quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales (sistema creado después de la Ley de 1997 en sustitución del sistema de reparto), terminarán pagando no solo sus propias pensiones, sino también las de las generaciones que los antecedieron”.
Para poder reducir la desigualdad, incrementar la transparencia y hacer sostenible el sistema de pensiones, Villarreal Páez concluyó que es necesario evaluar el tamaño del pasivo contingente pensionario, propiciar una convergencia en reglas, revisar los compromisos en el sistema de reparto, reformar el sistema de cuentas individuales, reflexionar sobre la pensión no contributiva, impulsar el ahorro voluntario, así como controlar el gasto público dirigido a pensiones, entre otras acciones.
El estudio “Pensiones en México: 100 años de desigualdad” se compone de siete capítulos: 1) ¿De qué hablamos cuando hablamos de pensiones?; 2) Sistema de reparto: de los trabajadores a los pensionados; 3) Cuentas individuales: el ahorro propio para el retiro; 4) Pensiones no contributivas: hacia un mínimo de bienestar; 5) Pensiones en la educación superior; 6) Pensiones en los estados; y 7) Implicaciones de política pública.
El informe lo pueden consultar en la siguiente liga:
