“Lo que se está pidiendo es absolutamente dable, porque debe haber un convenio de colaboración, una relación de documentos que identifiquen para dónde se fue ese dinero y que, además, se explique cómo fue que hubo esos trasvases de dinero”, afirmó el Comisionado Francisco Javier Acuña. Foto: Especial.
Las mayores inconformidades corresponden a sectores económicos conocidos como ARCO, es decir, los de servicios financieros y de seguros, con 26 por ciento de solicitudes de protección de derechos; servicios profesionales, científicos y técnicos, con 18 por ciento, y servicios de salud, con 14 por ciento. Foto: Especial.