Ciudad de México a 10 de Enero (MENSAJE POLÍTICA /CÍRCULO DIGITAL).-La Ley de Seguridad Interior tiene múltiples problemas de inconstitucionalidad, en cuando menos cinco aspectos, señaló el licenciado Ernesto López Portillo Vargas, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática*.

En ese tenor, López Portillo dijo que dicha norma aprobada debiera ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al menos respecto a los siguientes temas:

1. La autorización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y de investigación; en contravención directa del artículo 21 constitucional.

2. El empleo de conceptos ambiguos que permiten usar la fuerza del Estado en forma arbitraria.

3. La posibilidad que la Ley de Seguridad Interior da a las fuerzas armadas para actuar sin la subordinación a las autoridades civiles, e incluso al mando de las mismas, en contravención de la propia Constitución; cuando en ningún concepto constitucional e instrumento jurídico internacional firmado por México se autoriza que las fuerzas armadas tengan el mando en tareas de seguridad pública.

4. La anulación de los mecanismos de control y de rendición de cuentas en las operaciones asociadas a la seguridad interior.

5. La norma, como se aprobó, viola los principios fundamentales de derecho de transparencia y acceso a la información, ya que la Ley de Seguridad Interior invierte el principio de máxima publicidad constitucional por uno de máxima opacidad, al declarar que todas las operaciones asociadas a la seguridad interior estarán clasificadas como información de seguridad nacional, y en ese sentido es reservada.

Los mencionados son sólo algunos ejemplos “de los ángulos de inconstitucionalidad que este Foro Mexicano para la Seguridad Democrática espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca; y por lo tanto invalide la Ley de Seguridad Interior”, destacó López Portillo.

Pero en caso de que la SCJN no califique de inconstitucional a esta ley, el Foro que encabeza el consultor internacional en seguridad ciudadana promoverá todas las medidas jurídicas posibles para luchar contra esa norma, además de promover reformas jurídicas que por la vía civil mejoren las herramientas del Estado, por ejemplo, las instituciones policiales y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Para que podamos frenar el proceso de militarización tenemos que propiciar, promover y lograr un fortalecimiento de las autoridades civiles; cuáles, tres de entrada: las responsables de la prevención de la violencia y el delito, las policías y las procuradurías. Necesitamos políticas de prevención que funcionen, necesitamos policías profesionales y fiscalías que sirvan”.

Pero como nada de lo anteriormente mencionado está, en materia de seguridad en México se permitió la transferencia de autoridad hacia los militares, agregó el secretario técnico.

 Ley incrementa riegos a derechos humanos

Sobre las repercusiones de la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, López Portillo comentó que incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos porque “abre hipótesis jurídicas ambiguas que pueden ser utilizadas para cualquier propósito de uso de la fuerza a través de un despliegue militar intensivo y sin controles claros; y eso no puede ser en un Estado  de derecho en ningún lugar del mundo”.

“En el centro de nuestra preocupación está el uso de la fuerza; por qué, porque México ya tiene, antes incluso de esta ley, un problema grave de opacidad y de falta de rendición de cuentas en el uso de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas. Con esta ley se generan hipótesis jurídicas de despliegue sin controles, sin visibilidad, sin posibilidad de supervisión por parte de la autoridad civil, a manos de la autoridad militar; con lo cual se incrementan de manera exponencial los riesgos en contra de los derechos humanos”.

Y es que López Portillo recordó que incluso antes de la promulgación y vigencia de la Ley de Seguridad Interior las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a las fuerzas armadas no generaban ni siquiera en 5% de los casos condenas.

“Estamos contraviniendo el orden jurídico, constitucional; pero además estamos contraviniendo las estrategias de seguridad que una democracia debe fortalecer, que es a través de autoridades civiles. La Ley de Seguridad Interior es la fase más avanzada, la fase superior, de un paradigma que está en crisis”.