Aprueba PES correcciones a Ley 3de3

▪ La presentación de millones de declaraciones haría ineficaz el Sistema Nacional Anticorrupción

▪ Es imprescindible, tanto para el gobierno como para la sociedad, saber escuchar y en su caso rectificar

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de julio, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).—El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES) otorgó su voto a favor de las observaciones propuestas por el titular del Ejecutivo Federal a diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque de no ser modificados, se obligaría a beneficiarios de programas sociales y a estudiantes becados a presentar declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal.

Aseguró que resultarían afectadas una infinidad de personas que no prestan servicio ni venden productos, pero que son beneficiadas con los programas de gobierno de asistencia social, como Prospera o Becarios de Conacyt.

También argumentó que la presentación de dichas declaraciones por parte de las personas físicas o morales, resultaría descomunal y haría ineficaz el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que no es posible el debido procesamiento de millones de declaraciones, además resultaría un freno para muchos particulares quienes preferirían no prestar el servicio o vender el producto al gobierno.

Durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, el GPPES que coordina el diputado Alejandro González Murillo, coincidió en que la presentación de dichas declaraciones no constituye un mecanismo efectivo tendiente a la reducción de la corrupción.

“Ya existen sanciones específicas para castigar a aquellos particulares, sean personas físicas o morales, que incurran en faltas administrativas cuando establezcan alguna relación con el Gobierno, como el soborno, la participación de forma ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, el empleo de información no verdadera, así como la colusión y el uso indebido de recursos públicos”, indicó la diputada Melissa Torres Sandoval.

La legisladora federal de la Ciudad de México señaló que es imprescindible, tanto para el gobierno como para la sociedad, saber escuchar y en su caso rectificar; “por encima de todo está el derecho que tiene la ciudadanía a mejores leyes y que todas sean vigentes y aplicables”.

A su vez, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes advirtió que la aplicación de los artículos observados por el Ejecutivo Federal, como fueron aprobados originalmente por el Legislativo, causaría un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y resultarían contrarios a los Derechos Humanos, porque perturban la vida privada y la protección de los datos personales.

Finalmente, la diputada del estado de Baja California exhortó a los diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, a sumarse a la práctica a un mejor Gobierno y a darle brillo a nuestras instituciones.