Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril, (DOBLE TINTA / CÍRCULO DIGITAL).--A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), la diputada Norma Edith Martínez Guzmán propuso la creación del Registro Nacional de Violadores y Agresores Sexuales, como parte de la Procuraduría General de la República (PGR). Indicó que la finalidad es inhabilitar a estas personas para ejercer profesión, cargo, comisión, empleo o toda actividad pública o privada que implique la atención directa o indirecta con menores. Señaló que toda institución pública o privada que tenga a su cargo a menores de edad y que requiera contratar los servicios de una persona que directa o habitualmente se relacione con niños, deberá estar obligada a consultar el registro con la finalidad de prevenir cualquier acto en contra de niños y adolescentes; “eso quedará en el expediente del trabajador”. Durante la sesión de la Cámara de Diputados, Martínez Guzmán refirió que con datos del diagnóstico nacional de atención a víctimas de violencia sexual, destacan resultados recopilados por expertos en donde se indica que 90 por ciento de las víctimas de violencia sexual son mujeres y 4 de cada 10 son menores de 15 años de edad. “La impunidad en estos delitos es de grandes dimensiones”, dijo la legisladora de Encuentro Social, quien agregó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2014, existe una estimación de que la cifra negra de los delitos ocurridos en México es aún más grave. Los datos arrojan que casi 4 de cada 10 de las personas que figuran como víctimas de violencia sexual, además de ser menores de edad, sufrieron abuso dentro de los centros escolares, pero en nuestro país no se cuenta con datos fidedignos sobre la magnitud de este aberrante delito, tampoco sobre la reincidencia que tienen los agresores y mucho menos un seguimiento sobre su actuar dentro la sociedad. Al argumentar su iniciativa de reforma al artículo 5º de la Ley Orgánica de la PGR, la legisladora por el estado de Jalisco y secretaria de la Comisión de Gobernación indicó que es muy claro el objetivo de la creación del Registro Nacional de Violadores y Agresores Sexuales: se trata de prevenir.  

MÉXICO, 15 DE ABRIL (CÍRCULO DIGITAL).- La posible participación de dos elementos de la Policía Federal(PF) en la desaparición de un camión con, al menos, 15 ó 20 normalistas en el Puente del Chipote, enIguala, Guerrero, fue descartada por la dependencia. La PF señaló que se aportó la información necesaria desde un principio a la investigación de laProcuraduría General de laRepública (PGR), así como a laComisión Nacional de DerechosHumanos (CNDH), por lo que consideró que no representan una aportación adicional al expediente. Agregó que se entrevistó a todo el personal que se encontraba la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en la zona donde desaparecieron los 43 alumnos de la Normal Rural deAyotzinapa. “Desde el inicio de las investigaciones sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, la PF ha aportado todos los elementos que se le han solicitado y ha dado seguimiento puntual al caso. Los señalamientos de la ComisiónNacional de los Derechos Humanos, sobre la supuesta participación de dos elementos de la Policía Federal, fueron integrados con anterioridad al expediente y sobre los cuales se han desarrollado diversas diligencias por lo que no representan una aportación adicional al expediente”, reveló la Policía Federal. Insistió en que los uniformados que tuvieron jornada laboral ese día en las inmediaciones del lugar de los hechos, fueron citados hasta en dos ocasiones para descartar una probable intromisión u omisión del caso de los normalistas. “Todos los elementos de la Policía Federal que se encontraban en la región han rendido declaración ante el Ministerio Público de la Federación, algunos de ellos hasta en dos ocasiones, sin que hasta el momento se haya confirmado alguna responsabilidad en su contra”. Reiteró su respaldo a las autoridades en las diligencias y con la CNDH para aclarar este caso.